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SELECCIÓN DE PERSONAL URUGUAYO PARA DESEMPEÑARSE COMO COBRADOR (CAJERO) CON CONTRATO A TÉRMINO EN AMBOS PUENTES ADMINISTRADOS POR LA CARU.

La Comisión Administradora del Río Uruguay convoca a personas de nacionalidad uruguaya para desempeñarse como Cobrador (Cajero) con contrato a término en ambos puentes administrados por la CARU. Se requiere bachillerato completo, ser ciudadano uruguayo o nacionalizado, y tener 18 años o más al cierre de la inscripción. Como requisito excluyente el postulante deberá estar cursando estudios terciarios en alguna institución de la región o bien ser oriundo de la misma. Durante el período laboral deberá estar radicado en un radio no mayor de 50 Km de la cabecera del Puente en el cual aspire a prestar funciones. Los interesados podrán acceder a las bases del llamado desde el sitio web de la CARU ( www.caru.org.uy) desde el lunes 14 de octubre de 2019 a las 10:00 hrs. La inscripción al mismo será exclusivamente a través de un formulario electrónico. El plazo de inscripción vence el lunes 28 de octubre a las 24:00 horas.

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28 de June del 2013 a las 11:38 -
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Cuarenta años después del golpe y la huelga
PIT Soriano y Comisión por Memoria, Justicia y contra la Impunidad recordaron los 40 años del golpe de Estado y del inicio de la Huelga General
PIT Soriano y Comisión por Memoria, Justicia y contra la Impunidad recordaron los 40 años del golpe de Estado y del inicio de la Huelga General

En el marco de las actividades recordatorias de los 40 años del golpe de Estado y de la Huelga General que enfrentó a la naciente dictadura el 27 de junio de 1973, se realizó acto en altos del club Praga con la organización del Plenario Intersindical de Soriano y la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad. Allí  se ofreció muestra de fotografías de la época, pinturas, documentos, entrevistas grabadas, documental, además de mesa de debate.

En nombre de los organizadores hizo uso de la palabra la Prof. Jenny Barreiro quien recordó que el 27 de junio de 1973, se concreta el quiebre institucional, instalando en nuestra país una dictadura que duraría 11 largos años. 

“Fue la culminación de un proceso que se inició bastante antes en forma de una escalada totalitaria para asaltar el poder”, indicó.

Recordó que ya en 1968 “habían sido militarizados varios gremios, en 1969 intervienen y militarizan los bancos. Esto quiere decir que los trabajadores de esos gremios eran detenidos, conducidos a una dependencia militar, en el caso de Mercedes, el cuartel, allí donde ahora funciona la terminal de ómnibus y el shopping”.

Desde allí los trabajadores “eran conducidos en vehículos militares todos los días a sus lugares de trabajo, obligados a cumplir su jornada bajo vigilancia militar y una vez terminada la jornada eran conducidos nuevamente a las unidades militares. Aquí en mercedes esos trabajadores muchas veces fueron acompañados a pie solidariamente por familiares, amigos y compañeros”.

A comienzos de 1971 ya existían “más de cien presos políticos que al ser liberados por la justicia, o al no haber sido procesados, eran retenidos en dependencias militares por resolución del Poder Ejecutivo. El 29 de enero de 1971 se produjo el ingreso violento de efectivos policiales y militares al Hospital de Clínicas, a las facultades de Odontología, Veterinaria y al Instituto de Higiene”.

En setiembre de 1971 se forman las juntas de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, seguidamente “el juez de Instrucción Militar, Cnel. Néstor Bolentini decretó por primera vez en el país el procesamiento de civiles, violando el art. 253  de la Constitución que establece expresamente que la jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares”.

El 9 de octubre de 1971 fuerzas militares y policiales “ingresan en el recinto universitario en forma violenta resultando un estudiante herido de bala”.

Eran tiempos en que los estudiantes se movilizaban por sus reivindicaciones, pidiendo más recursos para la enseñanza, por boletos más baratos y muchas veces apoyando las luchas obreras, “poniendo en práctica la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante”.

Esas movilizaciones muchas veces “fueron reprimidas con feroces apaleamientos en las calles, detenciones arbitrarias, asesinatos de estudiantes y suspensión recurrente de las garantías individuales”.

De 1968 en adelante prácticamente “se gobernó con medidas prontas de seguridad, que eran renovadas una y otra vez recortando las libertades democráticas”.

El 14 de abril de 1972 se declara “el Estado de Guerra Interna, el 6 de julio se aprueba la Ley de Seguridad del Estado. Con esa ley se sanciona a la vez el pasaje a la justicia militar de los supuestos delitos políticos y con una ley de prensa”.

En febrero de 1973, ante la renuncia del Ministro de Defensa, “la titularidad queda en manos del Gral. Antonio Francese lo cual no es aceptado por las Fuerzas Armadas.

En la práctica, de alguna manera podemos decir, que en realidad es en febrero de 1973 que se da el golpe que luego sería oficializado en junio.

Entre 1968 y 1973 las Fuerzas Armadas pasaron de 18.000 a 28.000 efectivos y las policiales de 19.000 a 22.000, es decir que sumadas, en cinco años recibieron recursos que implicaron multiplicar por 12 el presupuesto militar.

Nos interesa que quede claro que el golpe de estado que se produce el 27 de junio de 1973 no fue un rayo solitario y sorpresivo en un cielo sereno. Muy por el contrario, fue la culminación de un proceso que se vino gestando desde varios años antes”.

Aclaró que tampoco fue producto solamente “de un puñado de mandos militares a quienes se les ocurrió terminar con la democracia en este país.

Hubo importantes sectores políticos que acompañaron ese proceso autoritario, alentándolo, amparándolo políticamente, votando en el Parlamento la suspensión de derechos democráticos, ocultando o acallando las denuncias sobre los atropellos y las torturas que se practicaban a lo largo y ancho del territorio nacional, votando también leyes que conducían el proceso a lo que luego resultó; una feroz dictadura cívico militar que sometió al pueblo uruguayo por más de una década”.

Esa dictadura militar fascista “que atacó duramente al movimiento popular, especialmente a la clase obrera y a sus organizaciones, también se ensañó con la enseñanza, persiguiendo, encarcelando y destituyendo a muchísimos docentes, atacando la autonomía de sus órganos de gobierno y castrando sus programas. Era incompatible con el régimen autoritario que se estaba instalando, un sistema educativo que formara gente con cabeza abierta y espíritu crítico”, dijo Barreiro.

Hizo referencia a que el proyecto “de transformación regresiva y profundamente antipopular de la economía del país, no lo podían llevar adelante con libertades democráticas, con libertad de expresión y de manifestación, con organizaciones sindicales fuertes y con derecho de huelga.

No lo podían concretar con la correlación de fuerzas de ese momento y por lo tanto la cambiaron a sangre y fuego. Esa fue la principal causa, no la única, pero si la causa central de ese proceso autoritario y represivo que coronó con el golpe de estado del 27 de junio de 1973”.

La respuesta del pueblo uruguayo no se hizo esperar, “fue una resistencia decidida y masiva en contra del golpe cívico militar. La clase obrera respondió con una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo que duró nada más ni nada menos que 15 días”.

Si bien la huelga general no logró detener el golpe de estado, “es muy importante valorarla en su justo término. Se dice que la huelga general marcó a fuego a la dictadura, que nació herida y sin base social.

Fue el antecedente necesario para que en 1980 el pueblo uruguayo derrotara el intento de la dictadura de perpetuarse a través de las urnas, cuando quiso reformar la Constitución a través de un plebiscito”.

Para derrotar la resistencia del pueblo uruguayo, la dictadura cívico militar “devino en un régimen que practicó el terrorismo de estado.

Durante la dictadura cívico militar, los métodos extremos como salvajes torturas, desapariciones, asesinatos callejeros y métodos de prisión destructores de la persona, fueron conjugados con controles extendidos que abarcaban desde el despido de empleados públicos, clasificar a la población en ciudadanos clase a, b o c, controlar las comisiones de los clubes deportivos y hasta las comisiones de los edificios de apartamentos o de cualquier otro tipo de organizaciones sociales. En 1976, uno de cada 500 uruguayos había sido torturado de alguna manera”.

En una oportunidad, el director del Penal de Libertad, el May. Aquímides Maciel le explicó a un visitante extranjeros, “no los matamos cuando podíamos haberlo hecho y algun día tendremos que liberarlos. Mientras tanto tenemos que aprovechar este tiempo para volverlos locos”. Estas no eran bravuconadas de un desequilibrado sino una política de Estado llevada a cabo con un plan sistemático y con asesoramiento de psicólogos”.

Las víctimas del terrorismo de estado “fue el conjunto de la sociedad, el pueblo uruguayo todo, excepto los integrantes de la dictadura cívico militar y los sectores económicos y sociales favorecidos por ella”.

 



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